La transición digital fatal

La transición digital fatal
Imatge: latercera.com

Jaume Garau

 

En la web de la Unión Europea, podemos leer: “La transición digital debe redundar en beneficio de todos, dando prioridad a las personas y abriendo nuevas oportunidades para las empresas. Las soluciones digitales también serán esenciales para luchar contra el cambio climático y llevar a buen término la transición ecológica.” 

Cuando habla de dar prioridad a las personas, espero que la Unión Europea no se olvide de la cantidad de gente que no sabe gestionar trámites de manera digital, con ordenador, a través de internet. Es parte de la llamada brecha digital. Especialmente se da en las personas mayores, en un 70% incapaces de hacer un trámite por internet. No saben pedir cita para el médico o en la oficina de multas, no saben hacer operaciones bancarias básicas, como denunció Carlos San Juan, en protesta por una digitalización financiera que excluye a la tercera edad. En definitiva, se quedan fuera de juego, fuera del sistema. 

La respuesta de las grandes empresas y de la administración pública ha sido construir un muro digital frente las dudas, quejas, y necesidades de información de los millones de personas que ven que el mundo cambia y su único canal de comunicación es uno que no saben manejar. 

“Todos nuestros agentes están ocupados, llame más tarde”. Esta es la primera comunicación que se nos da cuando necesitamos realizar una gestión con nuestro banco, compañía de luz, sanidad, teléfono, agua, multas de tráfico, hacienda, etc. Todos ellos servicios básicos para nuestra calidad de vida diaria. Cuando finalmente contactamos con una persona real, te tratan muy educadamente, pero normalmente no te solucionan el problema, sino que te meten en un laberinto de llamadas y contrallamadas que puede durar varios días.

Podría pensar que los efectos negativos colaterales de la transición digital se compensan con una gran fluidez en la comunicación de las redes sociales y de la búsqueda de contenidos culturales y otros. Pero ahí surge un gran problema, que es el de la intercomunicación en la que acabamos atrapados por el uso de las redes sociales, cada vez más interesadas en desarrollarse.

Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Tik-Tok, y muchas otras llevan a las personas a realizar acuerdos comunicativos que acaban comprometiendo una cantidad enorme de horas al día. Debido a las múltiples redes en las que estamos, la actividad con el móvil pasa a ser la principal actividad. La velocidad con la que tienes que comunicar baja la calidad de la comunicación, llevándola a un par de emoticones como el mensaje estándar que usamos. Mientras tanto la vida pasa, pero tú ya estás más en el mundo virtual de las redes comunicativas mundiales. 

El programa “España digital 2025” del Gobierno, apuesta por garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital mediante una carta nacional sobre derechos digitales que estaría vigente en el 2025. Para esa fecha el objetivo es que el 80% de la ciudadanía tenga competencias digitales básicas, lo que significa que hoy hay todavía millones de personas que están fuera del sistema de comunicación digital, cosa que en muchos casos quiere decir estar fuera del sistema.

En este sentido, sería lógico que aquellas personas que no saben hacer gestiones por Internet, pudieran tener una entrevista telefónica y o presencial para gestiones tan importantes como consultas médicas, pago de recibos, etc., y que la persona que les atendiera fuera siempre la misma, en la medida que fuera posible. De forma preventiva y transitoria, ese derecho debería estar garantizado para el colectivo de personas mayores de 70 años, tanto para la empresa privada como para la pública.

En cuanto a la hipercomunicación, las personas deberíamos estar mucho más protegidas contra el abuso comercial y contra los fraudes económicos que se dan en los procesos de pago con tarjetas en Internet. La cantidad de anuncios que debemos tragar para poder leer trozos de artículos o ver microvídeos es tan alta como absurda. El fraude en las facturas de luz o del teléfono, o en pagos de nuestras tarjetas bancarias es epidémico.

La conjunción de métodos y tecnologías que dejan a la ciudadanía fuera del sistema está creciendo. Los servidores públicos van desapareciendo de la calle y de las oficinas, y se van detrás de una pantalla. Lo fían al robot que capta imágenes y a los medios telemáticos para organizar miles de multas diarias o miles de citas en el sistema sanitario. Cuando nos alejamos de servicios entre personas, nos alejamos de una sociedad cooperativa y democrática, y empieza a emerger un nuevo sistema de relaciones sociales mediado por la tecnología, algo así como la Tecnocracia.

 

*Article publicat a Última Hora el 15/07/2022.

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