La autonomía de las personas mayores

Uno de los grandes retos de nuestra sociedad mundial, junto con la mitigación del cambio climático, es la lucha por la autonomía física y psicológica de las personas mayores de 65 años, especialmente los que ya tienen más de 80 y 90.

Según los datos de IBESTAT, la población de las islas en  diciembre de 2022 era de 1.176.659 personas, de las cuales 192.285 son mayores de 60 años, un 16,3% del total. De todo este conjunto de personas mayores de 65 años, han solicitado y obtenido una prestación de dependencia un total de 29.139 personas, un 15,1% del total. Para finalizar este repaso estadístico, vemos que de estas personas que reciben una prestación por ser dependientes, 2.962 están atendidas en residencias. Si aplicamos un coste medio mensual aproximado de 2.500 euros por persona, el coste bruto es de 7.405.000 euros al mes, 88.860.000 al año.

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas mayores quieren ser autónomas en su vida cotidiana y si tienen necesidades quieren ser atendidas permaneciendo en casa, está claro que hay un consenso individual y colectivo de que lo deseable es llegar a la máxima edad con la máxima autonomía y con ayuda en casa. Atender a esa voluntad, nos llevaría a transformar la lógica de los últimos treinta años de las políticas de atención a la dependencia, consistentes en priorizar la construcción de residencias para ingresar en ellas a personas mayores dependientes. Ese cambio exige hacer una transición paulatina hacia una vejez más activa y unos servicios domiciliarios, dejando las residencias existentes para personas con grandes dependencias y sin entorno social o familiar.

Para hacer esto posible se deberían llevar a cabo dos grandes líneas de actuación. Una es la que ya ha iniciado el Consell de Mallorca y el Ibsalut con sus estrategias de actuación centradas en la persona, cuyo principal cambio es el de atender a las personas según sus necesidades individuales, y aun siendo muy dependientes, hacerlo en sus casas, con un apoyo profesional de un mínimo de 8 horas al día, combinando profesionales sanitarios y sociales, con la ayuda de los familiares y vecinos. 

La otra gran línea es impulsar un gran movimiento social para que las personas mayores tengan las condiciones par mantenerse activos y autónomos hasta el fin de sus vidas. Para ello deberíamos dejar de invertir en nuevas residencias y dedicar más recursos a la atención domiciliaria y a impulsar ese gran movimiento, liderado por las personas mayores y apoyado por todos los colectivos sociales y profesionales de nuestra comunidad. 

Este movimiento debería transformar la vida sedentaria de las personas a una vida activa, con del objetivo de cuidar su mente, su cuerpo, su familia y su comunidad. Como en todo, habría que buscar medidas motivadoras. Una podría ser aumentar la pensión en función de que la persona se mantenga autónoma a partir de los 80 años. Eso podría suponer -a 50 euros al mes- un gasto anual de 18 millones de euros, cantidad que seguro sería una buena inversión para todos. La medida tendría una potencia de comunicación total porque no hay nada más atractivo para una persona mayor que ver subir su pensión. Además, como a esa edad las mujeres doblan a los hombres, sería una forma de compensar anteriores desigualdades. A la larga, retrasaría los índices de dependencia que podrían compensar el progresivo aumento de la longevidad en nuestra comunidad.