La mayor parte de las explotaciones agrarias en la Mallorca del siglo XIII, tanto durante la época musulmana como durante la colonización catalana, eran clasificadas como alquerías o “rafals”. Poco tiempo después de la Conquista, aquellas propiedades de origen árabe perdieron su sentido originario cuando empezaron a ser divididas o anexionadas a otras.
Parece que algunas propiedades rústicas de Palma nacieron o se desarrollaron a partir de antiguas alquerías musulmanas, como así lo testimonian algunos topónimos que ha conservado la documentación. Es el caso, por ejemplo, de Can Granada (Hanin o Hamior), S’Aranjassa (Alenjassa o Alienjassa Zoboach), Son Bibiloni (Afata), Son Gual de Pocafarina (Ulaxamen), Son Pont de la Terra (alfaquí o Alhaquim) o Son Sureda (Albusadech y Algost). Desconocemos si eran explotaciones agrícolas o si constituían núcleos de población. Se situaban en el llamado al-Ahwaz, el antiguo distrito de los arrabales que rodeaba Medina Mayurqa.
Sin embargo, la llegada a Mallorca del rey Jaume I supuso una ruptura con la estructura anterior y se impuso, poco a poco, el concepto de possesió. Los rafals -como denominación- aún pervivían, pero vacíos del significado que debieron tener durante la dominación árabe. Además, con el paso del tiempo, la palabra rafal, fue progresivamente sustituida por la palabra castellana predio, del latín Praedium. Tanto los rafals como las alquerías han pervivido únicamente fosilizados en los topónimos. Un ejemplo paradigmático de Palma es el Rafal Vell.
El término municipal de la ciudad era un territorio muy fragmentado ya desde los inicios de la dominación catalana, lo que explica la rápida pérdida de las antiguas denominaciones árabes de alquerías y rafals. Estas propiedades de mayor o menor superficie convivían con importantes latifundios de extensión considerable, concentrados sobre todo en las zonas limítrofes con municipios vecinos, como Son Sunyer, Son Sant Joan, Xorrigo, Son Ametller, Son Fuster, Son Vida y Son Quint, entre otros.
Que el término de Palma estaba muy fragmentado queda patente en los estims o catastros de 1578 y 1685, que inventarían respectivamente unas 600 y 700 propiedades, entre huertos, trozos de tierra, rafals , possesions y molinos. Y eso sin contar los establiments, que entonces pertenecían aún a Esporles.
Fue en aquellos años cuando la nobleza palmesana se consolidó como importante grupo terrateniente. La acumulación masiva de bienes inmuebles por parte de algunas familias se consiguió mediante una calculada estrategia de vínculos matrimoniales. Además, la figura del fideicomiso aseguraba que la propiedad permaneciera dentro de la misma familia durante generaciones.
Sin embargo, la dificultad para hacer rentables las explotaciones, por un lado, y los enormes gastos a que estaba obligado el heredero fideicomisario -pago de legítimas y legados- por el otro, llevaron algunas familias nobles a contraer importantes deudas que sólo podían ser resueltas con crédito líquido. A veces, se intentaba hacerle frente mediante la cesión a favor del acreedor de la explotación directa de las tierras, pero a menudo fue necesario deshacerse de parte del patrimonio para obtener liquidez. Esto fue posible gracias a la supresión de la figura del fideicomiso en el siglo XIX, ya que hasta entonces sólo se podían enajenar los llamados bienes libres, es decir, aquellos que había adquirido directamente el heredero fideicomisario.
Paralelamente, emergió una nueva clase social: la burguesía mallorquina, que supo sacar provecho de la revolución industrial y hacer negocio en tierras tan lejanas como Cuba o Puerto Rico. Invirtieron parte de sus ganancias en la adquisición de bienes inmuebles. Un ejemplo paradigmático es Vicente Juan Rosselló -fundador de un imperio textil en la segunda mitad del siglo XIX- cuyos herederos compraron decenas de propiedades en Palma: Son Puigdorfila, Son Muntaner, Son Moix Blanc, Son Puig, Son Putxet, Son Cigala, el Salt del Ca, Son Salvà, Cal Senyor Lluc, etc.
Entre el final del siglo XIX y principios del XX, el término municipal de Palma experimentó un importante proceso de parcelación. Primeramente se urbanizaron las propiedades situadas más cerca del perímetro que marcaban las antiguas murallas, dando lugar a las barriadas del Eixample. Anteriormente, se habían establecido de forma aislada algunas fincas, que fueron el embrión de antiguos barrios o aldeas extramuros, como Santa Catalina, los Hostalets, la Vileta o Génova. La Guerra Civil y la inmediata posguerra detuvieron bruscamente el desarrollo de la ciudad.
En la década de 1960, con el boom del turismo, asistimos a la parcelación masiva de fincas para dar cabida a la mano de obra procedente de la Península y los nuevos habitantes que querían construir en Mallorca su segunda residencia.Este proceso de expansión urbanística, que se ha prolongado hasta nuestros días, ha tenido consecuencias nefastas para el patrimonio. Da escalofríos solo pensar en la cantidad de casas de possesió que Palma ha perdido para siempre: el Salt del Ca, l’Aigua Dolça, Son Sabater, Son Catlaret, el Corb Marí, Son Vallori, Son Tous, Son Palerm, Can Vell, Son Ferrer, Son Coll, Son Dureta, la Teulera, Son Moix Blanc, Son Moix Negre, Son Valentí, Son Santiscle, Ca Dona Aina, Son Massanet, Son Dameto, Son Sametes, Son Oliva, l’Olivera, Son Castelló, Son Rigo, Son Malferit, Son Neo y un larguísimo etcétera.
Otra consecuencia ha sido el abandono de muchas propiedades, a menudo ocupadas ilegalmente por personas que aceleran su degradación. Afortunadamente, se conservan unas pocas fincas con cierta dignidad, aunque vacías de su sentido originario, tanto en el interior de las casas como el uso que se da: Sarrià, Bunyolí, el Canyar, Son Batle, Son Berga, Son Berga Nou y Son Pisà son algunos ejemplos.
Parece evidente que los tiempos actuales son incompatibles con las possesions como explotaciones agropecuarias, sobre todo en la capital. Pero el crecimiento urbanístico debe hacerse con sensatez, compaginando el necesario desarrollo con la conservación del patrimonio. Es necesario que se apruebe la revisión del catálogo de protección de edificios realizada entre 2010 y 2011 y que, inexplicablemente, permanece escondida en algún cajón del Ayuntamiento. Pronto será necesario hacer una revisión de la revisión por obsolescencia.
Se deben firmar convenios de colaboración con la propiedad privada para rehabilitar patrimonio singular. Debe ser valiente la Administración y sancionar a aquellos propietarios que no hacen bien las cosas y llegar, si es necesario, a la expropiación por negligencia. No podemos permitirnos el lujo de perder más patrimonio, de perder nuestra identidad, de no tener referentes tangibles para conocer el porqué de los topónimos de nuestros barrios. ¿Qué futuro nos espera si desconocemos el pasado?